Para las autoridades de numerosos países, las cámaras de vigilancia constituyen una herramienta útil para combatir la delincuencia, mejorar la seguridad o incluso ayudar al ordenamiento del espacio urbano. Sin embargo, a medida que esta tecnología se difunde y perfecciona, también crece en los ciudadanos la preocupación de que un sistema de hipervigilancia pueda vulnerar sus derechos.
Si bien China es uno de los países pioneros a nivel mundial en el uso generalizado de videovigilancia y técnicas de reconocimiento facial, la implantación de estos sistemas de seguridad también ha cobrado fuerza en otras partes del mundo. En Rusia, por ejemplo, la ciudad de Moscú expandió en el 2020 su red de CCTV equipándola de tecnología de reconocimiento facial con el fin de reforzar los controles durante la pandemia de COVID-19. Según un estudio realizado por Surfshark, a finales de año, las calles moscovitas contaban con alrededor de 76,86 cámaras de vigilancia por kilómetro cuadrado.
La vigilancia del espacio público no es un asunto exclusivo de las grandes potencias. También en América Latina son cada vez más las cámaras de videovigilancia que se instalan con el objetivo principal de prevenir y resolver delitos. En el 2020, la ciudad de Guadalajara en México contaba con más de 170 cámaras por kilómetro cuadrado, convirtiéndola en la metrópolis con mayor densidad de cámaras de CCTV en la región.
