En la tarde del pasado miércoles 26 de junio se vivieron horas tensas en La Paz, Bolivia, tras llevarse a cabo un intento fallido de golpe de Estado en contra del presidente Luis Arce. Un grupo de militares al mando del comandante general del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, irrumpió en la Plaza Murillo en el centro histórico de la capital en donde se encuentra el Palacio de Gobierno boliviano. El comandante Zúñiga exigía un cambio total en el gabinete de Gobierno para, en sus propias palabras, “restaurar la democracia en Bolivia”. Horas más tarde, el presidente Arce consiguió la retirada de las tropas y la pronta detención de Zúñiga, dando fin de forma pacífica al altercado. Diferentes fuentes reportan la posible orquestación de un auto-golpe, tras las declaraciones de Zúñiga que alega que el presidente le ordenó llevar a cabo el motín para levantar su popularidad, declaraciones que Arce ha negado rotundamente.
Bolivia no es ajena a inestabilidades políticas, la más reciente en 2019, cuando el presidente Evo Morales fue forzado a renunciar, y la, en ese entonces, vicepresidenta del Senado y líder de oposición Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina. Al año siguiente se convocaron a elecciones y el candidato del mismo partido de Morales (Movimiento al Socialismo), Luis Arce, se convirtió en el nuevo presidente.
De acuerdo con datos de una encuesta llevada a cabo por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), poco más de la mitad de los entrevistados evalúan de una forma negativa la gestión del país. Por otra parte, sólo el 39,4% opinan positivamente sobre la imagen en general del presidente Arce. La administración actual ha encontrado difícil estabilizar la economía boliviana, con sus ciudadanos sufriendo de inequidad salarial y tasas altas de pobreza extrema.
